El Día Internacional de la Mujer, es y será una fecha memorable en la historia de la humanidad. Desde el 8 de marzo de 1910, el mundo civilizado se congrega anualmente para rendir tributo a la dulce compañera del hombre.

Es una efeméride consagrada a la exaltación de sus valores espirituales y al reconocimiento de sus libertades y derechos.

Para conmemorar la muerte de 146 obreras, en un incendio provocado en una fábrica textil de Nueva York, Clara Zetkin, una feminista alemana, propuso esta fecha para realizar jornadas de lucha en favor de las mujeres trabajadoras de todo el mundo.

La sociedad entiende ahora que aquellas jornadas, libradas para obtener mejores condiciones laborales de la clase obrera femenina, fueron precursoras de la integración de la mujer a la vida económica, política, administrativa y cultural de casi todas las naciones del mundo.

Se pasó, entonces, de la protesta a la demanda legítima de nuevos derechos en la legislación moderna, con el fin de que la mujer tenga presencia en todos los ámbitos de la sociedad, sin discriminación de sexo y participe en todos los escenarios, sin recato alguno, con las mismas oportunidades de los hombres.

Seguramente, uno de los mayores avances del derecho internacional es el de haber incorporado la mujer a los derechos políticos, porque de esta manera pueden tomar parte en las decisiones que afectan su condición de ciudadana. Esto le ha permitido fundar partidos políticos o pertenecer a ellos; elegir y ser elegida, y generar alternativas de poder para alcanzar los cargos de dirección del Estado.

El derecho al voto ha sido el más importante desafío de la mujer, durante los últimos cien años. En una lucha, lenta pero constante, ha irrumpido con fuerza creadora en la administración del Estado moderno.

En Colombia, llegamos tarde al reconocimiento del derecho al sufragio; se otorgó en 1954 y sólo fue ejercido por primera vez en 1957.

En mayo del año 2000, fue necesaria la expedición de una ley para reglamentar la participación de la mujer en cargos de niveles decisorios en las tres grandes ramas de la estructura del Estado.

Tarde han llegado, pero muy pronto han avanzado en la función pública. Ahora las vemos en las altas tribunas de la patria, como fogosas parlamentarias; en la dirección de los partidos; como jefes de misiones diplomáticas; como ministras, como directoras de establecimientos públicos, con credenciales de gobernadoras y alcaldesas o como líderes de las corporaciones públicas regionales.

En materia social, la Constitución de 1991 estableció igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer, y le otorgó subsidio alimentario y asistencia, durante el embarazo y después del parto si entonces estuviere desempleada o desamparada. La mujer cabeza de familia recibe protección especial del Estado.

La educación, durante mucho tiempo, fue un privilegio del hombre, porque nuestros abuelos preferían a la mujer en las labores del hogar. Las estadísticas de hoy, señalan la existencia de un elevado número de mujeres en las aulas universitarias, en la docencia y en la dirección de centros de estudios de educación superior.

En el mercado laboral, sobre todo en los países occidentales, participan en diversas actividades, con el fin de generar ingresos para el sostenimiento de los hijos y para la construcción del patrimonio económico y cultural de la familia.

Actúan con propiedad en el desarrollo integral de la nación, como inversionistas, como ejecutivas en la empresa privada y como generadoras de grandes proyectos para lograr la prosperidad de los colombianos.

Las tenemos, entonces, en todos los estamentos sociales con las prerrogativas que una visión injusta de la sociedad les había negado.

Este inventario de conquistas de la mujer nos conduce a la conclusión de que ya no necesitarán protecciones paternalistas para exigir lo que les corresponde, porque han obtenido el reconocimiento de sus derechos, no por ser mujeres sino por ser capaces.

En el ámbito del hombre, las mujeres son para quererlas.

Chinácota, 7 de marzo de 2008